• Planteamiento resumido del problema
  Los delitos contra las personas revelan un comportamiento creciente respecto a los delitos contra los bienes

  

  La seguridad ciudadana es uno de los temas centrales en las agendas públicas de varios países de América Latina, Venezuela no es la excepción. Reconociéndola como la posibilidad real de disfrutar y ejercer libremente el conjunto de derechos que en tanto ciudadanos se posee, la seguridad ciudadana debe estudiarse en su doble dimensión: la subjetiva que alude al “sentimiento” y percepción de seguridad que comparte la ciudadanía, es decir “¿qué tan (in)seguras se sienten las personas?”; y otra objetiva constituida por los principales indicadores de criminalidad y delincuencia que dan cuenta de los casos y situaciones efectivamente conocidos y registrados por las instituciones del estado vinculadas al tema.

  Desde 1989, cuando ocurrió el derrumbe definitivo del sistema político precedente, tanto simbólica como tácticamente, el tema de la seguridad ha ocupado un lugar relevante en la agenda pública. Con la aprobación de la Constitución de 1999, se crearon las condiciones para una participación popular amplia, removiéndose algunas de las barreras tradicionales que excluían política y socialmente a vastos segmentos de la población. Dado el nuevo contexto político, las agendas públicas se han tornado aún más sensibles a las percepciones, demandas y miedos del conjunto de la sociedad. El crecimiento de la violencia criminal a lo largo de la última década, reforzó esa tendencia. Hoy, la seguridad sigue ocupando el centro de las preocupaciones ciudadanas, y aun cuando las dimensiones subjetiva y objetiva no siempre se comportan de manera directamente proporcional ni en el mismo sentido, el creciente sentimiento de inseguridad de los venezolanos se sustenta en un ascenso continuo de los principales delitos, destacándose el incremento de la concentración de éstos en delitos contra las personas, en contraposición a los delitos contra la propiedad.

  
  
• Conceptos y Definiciones
  
  

  Si bien la seguridad es una construcción permanente de la vida cotidiana, el término ha generado algunas polémicas debido a los múltiples conceptos prevalecientes e interrelacionados (seguridad nacional, pública, integral, humana, ciudadana, jurídica). Actualmente se discuten no sólo los bienes jurídicos que se deben proteger mediante las políticas de seguridad ciudadana, sino también la relación existente entre la noción de “seguridad” con las de libertad, derechos humanos, democracia, criminalidad, orden público, etc., ya que aunque una de las amenazas más visibles a la seguridad ciudadana es la delincuencia, no es la única.

   

  Previo al uso del concepto de seguridad ciudadana, se utilizaba el de orden público cuyas técnicas de intervención en la esfera de libertad de los particulares se efectuaban para tutelar una seguridad concebida en un sentido muy amplio y vinculada a la seguridad del y para el Estado. En los contextos de derechos y libertades que constituyen la propia esencia del Estado social y democrático de Derecho, el concepto de orden público ha ido perdiendo vigencia por su marcada connotación policial, debido a que las tareas de mantenimiento del orden quedan siempre a cargo de los cuerpos policiales cuya actuación responde tradicionalmente a la mera constatación de la adecuación de conductas a normas. Dicho concepto está ya superado por el de seguridad ciudadana.

   

  La seguridad aparece como una noción difusa y de límites indefinidos, por lo que actualmente experimenta un nuevo desarrollo. Es un “estado social”, un sentimiento colectivo, frágil y difuso, pero con fuertes y profundas raíces en el quehacer diario, en la forma en la que se desarrolla la convivencia humana en un determinado hábitat social. El derecho a la seguridad ciudadana, en oposición al Estado, implica el derecho individual a la protección de la persona y de sus bienes, el deber de perseguir y detener a los responsables de delitos así como el derecho a no padecer trastornos que por su naturaleza o intensidad irían más allá de los inconvenientes normales de la vida en sociedad. La seguridad ciudadana se entiende entonces, como la garantía que debe brindar el Estado para el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos[1].

   

  El concepto de seguridad ciudadana planteado como alternativa al orden público, es más cónsono con las exigencias constitucionales del Estado de Derecho, y la nueva arquitectura constitucional de Venezuela. La función de la seguridad ciudadana supone un verdadero resguardo de los derechos como premisa indispensable de su pleno ejercicio y no constituye el resultado de acciones específicas, sino que se erige como componente final de un proceso colectivo que se conforma con una multiplicidad de acciones. Es el sentimiento de protección jurisdiccional, de garantía jurídica, de proximidad policial, de confiabilidad en las instituciones y en sus responsables y gestores, entre otros, lo que da lugar a la seguridad ciudadana. Por ello, no es posible una aproximación a una idea de seguridad ciudadana sin hacer referencia a las dos dimensiones fundamentales que la componen: objetiva y subjetiva.

   

  La dimensión subjetiva está formada por la percepción de los ciudadanos acerca de la seguridad de su entorno y hábitat social, refiere al “sentimiento” de (in)seguridad de la ciudadanía; y la objetiva por los índices de criminalidad y otros registros oficiales, es decir, que tan probable es, de acuerdo a los registros y datos oficiales, ser víctima de un hecho violento vinculado con criminalidad y delincuencia. Si bien la seguridad ciudadana es mucho más que la ausencia de criminalidad, ya que implica niveles de calidad de vida entre otras variables, para los efectos de este Informe el análisis se centrará en la consideración de la dimensión objetiva, específicamente en lo que a los principales delitos ocurridos en Venezuela refiere, haciendo distinción entre los delitos contra la propiedad (destacando los robos, robos de autos, hurtos y hurtos de automóviles) y los delitos contra las personas (lesiones y muy especialmente homicidios)[2].
  
  
• Perspectivas de análisis del problema
  
  

  La multicausalidad y pluridimensionalidad del fenómeno ha llevado a tratamientos diferenciados. La bibliografía disponible coincide en señalar que la focalización de las propuestas de intervención y la atención especial a los contextos es fundamental para el desarrollo de políticas públicas en la materia que desde una perspectiva de prevención y atención especialmente a grupos vulnerables, puedan precautelarse la comisión de delitos, especialmente los violentos y contra las personas, apoyando de esta manera la seguridad ciudadana.

   

  Igualmente, destaca la importancia de incorporar transversalmente perspectivas de derechos humanos, participación y empoderamiento que proporcionen legitimidad, viabilidad técnico operativa y sostenibilidad a las acciones adelantadas.
  
  
• Factores asociados a su aparición y búsqueda de soluciones
  
  

  El carácter de epidemia que muestran los principales indicadores objetivos de seguridad ciudadana en ciertos países de la América Latina, particularmente en Venezuela, bien en sus expresiones de homicidio, criminalidad violenta o de violencia doméstica, ha llevado a buscar sus causas en factores más allá de las características individuales de las víctimas, de sus familiares o de los perpetradores. Por esta razón, en la investigación sobre las causas de la violencia, se comenzó a incorporar el estudio de las comunidades, las condiciones macrosociales, macroeconómicas y macropolíticas de los países, las diferentes instituciones de la vida social y política y las relaciones que tienen lugar en  las comunidades con altos índices de violencia[3]. 

   

  El estado actual de la discusión sobre las principales causas de inseguridad ciudadana se centra en los siguientes aspectos: en las deficiencias del capital social, en la teoría de la elección racional, en la frustración y la agresión causadas por la deprivación relativa y la insatisfacción por la redistribución inequitativa de los recursos, y en las consecuencias de la impunidad como resultado de un sistema penal injusto e ineficiente. En todo caso, los diversos autores coinciden en señalar la necesidad de examinar el fenómeno de la violencia, más allá de los actos en sí mismos, incorporando el análisis del contexto, las condiciones sociales de realización o las situaciones en las que estos actos tienen lugar.[4]

   

  La impunidad es considerada por muchos autores como una de las causas directas de la explosión criminal violenta. Este es un problema muy complejo, por cuanto, la violencia ha tenido un fuerte impacto en el sistema de justicia criminal latinoamericano, el cual ha sido señalado en reiteradas ocasiones por su débil capacidad sancionatoria. Por una parte, ha aumentado notablemente el arbitrio policial, expandiéndose los mecanismos informales de actuación policial, la discrecionalidad por parte de los funcionarios y el uso excesivo de la fuerza.[5] Por la otra, la capacidad del poder judicial ha sido rebasada por el aumento de eventos.

   

  La consideración de los factores de riesgo es central. Estos factores, también conocidos como precipitantes o posibilitadores, o contingencias sociales, no son “causas” de inseguridad ciudadana, sino que su presencia podría promover o facilitar la comisión de actos violentos. En este sentido, entre los factores de riesgo más considerados en las investigaciones, se encuentran las drogas, el alcohol y las armas de fuego.

   

  Especial mención requieren éstas últimas que han incrementado sustancialmente la letalidad de los conflictos sociales, ya que ante situaciones de enfrentamiento de intereses, pareceres, percepciones y opiniones, en escenarios donde la violencia (con su multicausalidad y polivalencia) hace presencia, las armas de fuego incrementan la probabilidad de muertes o lesionados. Según un estudio epidemiológico sobre las muertes violentas en el Área Metropolitana de Caracas realizado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) y el Centro para la Paz de la Universidad Central de Venezuela en la División de Medicina Legal del CICPC entre 1986 y 2000 se obtuvo que, cerca del 60% de los fallecimientos en situaciones violentas que registra la morgue de Caracas los motivos habían sido fútiles, lo que evidencia que con intervenciones oportunas que desplieguen mecanismos alternativos a la violencia en el manejo de los conflictos, así como una menor presencia de las armas de fuego, muchas de estas muertes se hubieran podido prevenir.

   

  La respuesta tradicional al importante crecimiento de los niveles de violencia, ha sido el fortalecimiento de los mecanismos de control social, específicamente con el endurecimiento de las penas de prisión e incrementos de las inversiones en el sector policial. Ello, en suma, constituye un cúmulo de respuestas reactivas, destinadas, fundamentalmente, a tratar de desanimar a futuros perpetradores. Sin embargo, han sido demostrados los límites de los métodos reactivos y correctivos de la policía, ya que las importantes inversiones destinadas al aumento de patrullas policiales y equipos sofisticados, han tenido poco impacto en la prevención de eventos violentos, tanto públicos como domésticos. En aquellos países en los que la proporción de la población encarcelada ha crecido notablemente, la reducción de los delitos violentos no ha sido significativa.

   

  En América Latina se han desarrollado algunos estudios para determinar, por una parte, los costos de la prevención a través del incremento y cualificación de políticas sociales, y por la otra, los costos del aumento de la eficacia del control social y la sanción a través del sistema de justicia criminal. Se ha podido estimar, que el sistema de prisión de los Estados Unidos cuesta 35 billones de dólares anuales, que el costo per cápita anual de los encarcelados es de 22.000 dólares, que el sistema de justicia criminal cuesta 100 billones de dólares anuales y el costo hospitalario anual, 18 billones de dólares.[6]

   

  La inversión en prevención, aparte de ser menos costosa, permite incrementar los índices de calidad de vida, desarrollo humano, capital social, cultural y humano y sus efectos sobre la violencia son más permanentes y efectivos, aparte de su enorme efecto multiplicador.
  
  
• Estado actual en el país
  La percepción de inseguridad entre los venezolanos constituye una de las principales preocupaciones a nivel nacional, al punto de posicionarla en el segundo lugar entre los principales problemas del país y de las personas después del desempleo[7]. Este temor de la ciudadanía, encuentra como sustento objetivo un notable crecimiento de la criminalidad y la delincuencia en el país, según reportan los indicadores claves y básicos del fenómeno: delitos totales, hurtos, robos, robos de autos, lesiones y homicidios.

   

  La revisión de las cifras y tasas de criminalidad y delincuencia en el país reportan respecto a los delitos totales un leve decrecimiento de 4,9% entre 1990 cuando se conocieron 244.828 delitos y el año 2005 que registra 232.953 delitos totales conocidos[8]. Ello en términos relativos representa una tasa de 1255 delitos por cien mil habitantes en 1986 y una tasa de 1.010 delitos por cien mil habitantes a nivel nacional en 2005. El número de hurtos también ha descendido en el periodo señalado (1990/2005) ya que en el primer año se conocieron 77.700 hurtos y en el segundo 43.568, la tasa desciende de 398 hurtos por cien mil habitantes a 164 hpcmh.[9].

   

  Aun cuando la magnitud es menor, los robos también experimentan un decrecimiento que se expresa a nivel nacional en 27.704 robos conocidos en 1986 a 27.395 robos registrados en 2005, un descenso de 1,11%. Concluir sin embargo, que la situación de violencia, criminalidad y delincuencia en Venezuela ha mejorado sobre la base de estas cifras resulta aventurado y poco apegado a la realidad.

   

  Los datos disponibles sobre las lesiones personales y los homicidios, contrariamente a los indicadores anteriores muestran un comportamiento (entre los dos años de comparación) creciente. De esta manera, mientras que en 19890se registran 29.621 lesiones a nivel nacional en 2005 la cifra asciende a 33.605, y para el caso de los homicidios (indicador clave y destacado) el incremento resulta sustancial, conociéndose 2.474 homicidios en 1990 y 9.964 en 2005, es decir un incremento de 302,7% que se traduce en que el número de homicidios que se conocen en Venezuela para 2005 cuadruplica el registro de 1990, la tasa se incrementa de 13 homicidios por cien mil habitantes en 1990 a 37hpcmh en 2005.[10]

   

  El comportamiento de los homicidios aun cuando es oscilante, revela una tendencia al incremento, con hitos en 1989 cuando el número de homicidios pasa de 1.709 durante el año anterior a 2.513 a nivel nacional, mientras que en Caracas las cifras varían de 479 en 1988 a 1.186 homicidios para nunca más descender a niveles iguales previo a los sucesos del “Caracazo”[11]. La tasa de homicidios de Caracas pasa así de 19 hpcmh en 1988 a 45 homicidios por cien mil habitantes en 1989 y un contundente 88 hpcmh en 2005[12]. Otro punto crítico en la serie histórica se encuentra en 2003, año que ostenta el número record de homicidios registrados con 11.342 homicidios conocidos a nivel nacional.

   

  Mientras que en 1990 el 13,3% de los delitos conocidos eran perpetrados contra las personas y el 64,2% contra la propiedad, la relación ha venido progresivamente invirtiéndose al punto de que en 2005 el 27,5% de los delitos registrados atentan contra las personas y el 57,4% contra la propiedad. Es decir que, en el universo de delitos registrados a nivel nacional, mientras que los delitos contra la propiedad han venido disminuyendo, los delitos contra las personas revelan un comportamiento creciente. Estas cifras muestran de manera contundente que si bien existe un decrecimiento importante en lo que a delitos contra la propiedad refiere, no ocurre lo mismo en el caso de los delitos contra las personas ya que los homicidios y las lesiones mantienen o incrementan su nivel de ocurrencia a nivel nacional. Igualmente pone en evidencia la preocupación, intervención y focalización de los recursos (humanos y materiales) en la preservación, protección y procura de seguridad para los bienes materiales, quedando los sectores más pobres y populares, justamente quienes son más vulnerables a la violencia letal y víctimas de delitos contra las personas, desprotegidos.
  
  
• Bibliografia
  
  

  • Escobar, Santiago et. al. La seguridad ciudadana como política de Estado ... (Referencia completa)
  • Gabaldón, Luis Gerardo. Tendencias y respuestas hacia la violencia delictiva en Latinoamérica ... (Referencia completa)
  • González Mejías, Josbelk. Derecho a la Vida ... (Referencia completa)
  • Herrero, María Paula. Derecho a la Integridad Personal ... (Referencia completa)
  • Mauricio Rubio.. Crimen e Impunidad. Precisiones sobre la violencia. ... (Referencia completa)
  • O`Donnell, Guillermo.. Contrapuntos. ... (Referencia completa)
  • Rojas Aravena, Francisco. Seguridad humana, una perspectiva académica desde América Latina ... (Referencia completa)
  • Ruiz V., Juan Carlos. La encrucijada de la seguridad ciudadana en América Latina: entre la tentación autoritaria y la participación comunitaria. ... (Referencia completa)
  • Van Reisen, Mirjan; Stoker, Simon. Unión Europea: seguridad versus seguridad humana ... (Referencia completa)
  
  
• Gráficos y Estadísticas de apoyo

  Criminalidad y delincuencia en Venezuela (Indicadores)
  Homicidios por cien mil habitantes (Taza; Venezuela y Caracas) 

  
  
• Políticas Públicas
  
  

  • Comisión Nacional para la Reforma Policial ... (Ver ficha)
  • Comisión Nacional para la Reforma Policial ... (Ver ficha)
  • Comunidades de Paz ... (Ver ficha)
  • Plan 180 ... (Ver ficha)
  • Plan Piloto de Seguridad Ciudadana. ... (Ver ficha)
  • Plan de Seguridad Urbana (en diseño) ... (Ver ficha)

  
  
• Instituciones
  
  
  

  
  
• Expertos
  
  
  

  • Antillano, Andrés ... (Ver ficha)
  • Briceño León, Roberto ... (Ver ficha)
  • Gabaldón, Luis Gerardo ... (Ver ficha)
  • Roberto Briceño León ... (Ver ficha)
  • Sanjuán, Ana María ... (Ver ficha)

  
  

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